La Defensora del Pueblo ha hecho nuevas revelaciones con respecto al caso de Franklin Brito, el agricultor venezolano que nunca fue un verdadero agricultor, pues tuvo tierras ociosas durante todo el tiempo que poseyó Carta Agraria, que le daba derecho a explotarlas.
Por otra parte, la acción insana de cercenarse un dedo para protestar porque no le habían pagado una pensión o prestaciones por haber trabajado como suplente en el magisterio no tenía justificación alguna, como no la tuvo ninguna de las huelgas de hambre que protagonizó en un periodo de aproximadamente seis años.
Es curioso que las acusaciones en contra del actual gobierno venezolano (tanto de la oposición como de Franklin Brito y su familia) se basan en supuestas violaciones a los derechos humanos, a la falta de libertad de expresión y el no respetar la propiedad privada.
Estudiando a fondo este caso se puede comprobar de que se trata de todo lo contrario. No sólo se ha respetado su propiedad sino que se le ha dado el derecho a cultivar unas tierras que en la práctica no son más que latifundio. Además, se trata de tierras que le ha dado el mismo estado venezolano, algo inexplicable puesto que su extensión es demasiado grande (252 hectáreas) mientras miles de campesinos no puedan tener más de 20 o 50 hectáreas. Además de eso se le dio créditos (ignoro la cantidad) en maquinaria, semillas, insumos y dinero, de lo cual fue exonerado (no entiendo por qué).
Es inaudito que un ciudadano haya logrado tantos beneficios y aún así haya sido capaz de chantajear al estado venezolano con continuas peticiones, protestas y amenazas. Pero más inaudito es que la oposición venezolana haya cerrado filas para defender los supuestos derechos de ese ciudadano y lo haya alentado a seguir hasta el final (su muerte) para intentar conseguir objetivos políticos.
Invito a mis lectores a ver el video en el que se entrevista a la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.
Este artículo es la continuación de dos artículos anteriores:
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