Los medios de comunicación españoles han dedicado grandes espacios al asesinato de la Presidenta de la Diputación de León, una de las 52 provincias del país ibérico. Los titulares han sido muy llamativos, como también toda la información sobre el posible móvil del asesinato. Se ha detenido a dos mujeres (madre e hija) que niegan su participación en el crimen aunque hay testigos que las señalan y muchos indicios, como números de matrícula para cambiar en el vehículo que utilizaban.
El asesinato podría catalogarse como delito común, puesto que tanto la víctima como las presuntas victimarias tenían relaciones de muy estrecha colaboración y compartían la misma ideología política, del Partido Popular español. Se ha descartado que exista un móvil político. Sin embargo, el PP ha suspendido su campaña electoral y se han organizado muchas ceremonias, al mismo tiempo que se han emitido innumerables declaraciones de dolor y recuerdo por la desaparición de una persona que, si bien tenía mucho apoyo del pueblo de León, era muy contradictoria. Por ser una de las banderas importantes del PP se ha pretendido dar un carácter nacional al asesinato de la presidenta de una diputación que es apenas una de las 52 provincias españolas. Todo eso para poder sacar provecho político al suceso. Eso no tiene nombre. ¿O sí lo tiene?
Cualquier asesinato es detestable y condenable. Nadie tiene derecho a privar a otro ser humano de su vida. Pero no se debe dar caracter político a un delito común, menos aún si los principales sospechosos son militantes del mismo partido político. Por eso coincido con muchas opiniones que condenan la utilización política del asesinato de la señora Isabel Carrasco.
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NOTA DEL 14 DE MAYO:
Al parecer se han confirmado las sospechas al confesar la autora de los disparos. Además parece que una policía amiga de las mujeres también está implicada en el crimen. Todo esto huele muy mal. Es así como se quieren los correligionarios de un partido de derechas.
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